Las infracciones que suponen la pérdida de puntos, igual que cualquier otra, tienen que estar establecidas en una Ley porque así lo impone el principio de reserva de ley en materia sancionadora, y además ha de ser una ley del Estado, que es el que tiene la competencia exclusiva en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor (art. 149.1.21 de la Constitución).
La competencia para imponer las sanciones corresponde, o puede corresponder, a diferentes Administraciones; en el caso de la del Estado, a los Subdelegados del Gobierno o a los Directores Provinciales de Tráfico; en el caso de las Administraciones Locales, a los alcaldes (salvo casos de delegación); y en el caso de las Comunidades Autónomas que tengan esa competencia transferida (las que tienen policía autonómica), a la Consejería de turno o el órgano que determine el Estatuto y las normas de desarrollo.
Puesto que muchas leyes permiten un margen de discrecionalidad (que no es, o no debe ser, lo mismo que arbitrariedad), cada Administración puede elaborar sus propias tablas, siempre que se encuentren dentro de los límites reglados de la potestad discrecional, por eso hay tablas distintas, que, por otra parte, no tienen carácter vinculante; ese carácter sólo lo tiene la Ley.
Algunos ayuntamientos aún no han adaptado sus procedimientos administrativos al sistema de puntos, y la cosa no requiere de mucha sofisticación: basta con adaptar los modelos de boletines de denuncia, pliegos de cargos y otros actos de trámite y los de resolución añadiendo una casillita para los puntos al lado de la de los euros porque no se puede imponer una sanción sobre la que no se haya advertido en el pliego de cargos y en la propuesta de resolución.
Por último, dudo mucho que pueda prosperar una pretensión de que los ayuntamientos que sí se han adaptado a la Ley dejen de retirar puntos pues, en realidad, están obligados a hacerlo. Son los que no lo han hecho ya los que deben hacerlo cuanto antes y, mientras, según mi opinión, no se puede invocar en principio de igualdad ante la ley para pretender la ilegalidad de todos.
Perdonad el ladrillazo jurídico pero, a veces, para comprender las especialidades de una materia hay que partir de los principios generales, para que luego los ingenieros digan que el derecho no es una ciencia...